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Voces RSU | La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y su apuesta por la expansión de la ciudadanía democrática*

Lars Stojnic Chávez
Sociólogo. Jefe del área de Formación e Investigación Académica de la DARS. Coordinador y docente del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de EEGGLL y docente de posgrado PUCP.

Para la PUCP, la RSU es un enfoque que busca interpelar a la universidad sobre su responsabilidad frente a la consecución de apuestas societales fundamentales. Entre estas, es imprescindible el cuestionamiento sobre su rol para la sostenibilidad y perdurabilidad de la democracia; más que como un régimen electoral –estatus principalmente jurídico–, como un sistema socio-político que reconocería a la ciudadanía como identidad fundamental, en tanto es la principal fuente de legitimidad democrática.

Esta apuesta es particularmente relevante en el Perú, ya que nuestra cotidianeidad está marcada por muchos contextos cuyas interacciones restringen nuestras aspiraciones democráticas. Actualmente, diversos sectores sociales y políticos buscan confrontar la implementación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular utilizando argumentos como “No quiero una familia democrática, quiero una familia de verdad”. Aunque se identifican algunos avances al respecto –el rechazo de la Corte Suprema contra una demanda interpuesta y que más del 80%, según IPSOS, está de acuerdo con la implementación del enfoque de género–, es importante visibilizar que dicha posición es consistente con la evidencia que muestra que la disposición de las peruanas y peruanos para reconocer sus derechos políticos fundamentales, independientemente de sus particularidades subjetivas, no sería mayoritaria (según LAPOP, esta disposición incluso habría disminuido, aproximadamente del 54% al 48% entre el 2006 y el 2017).

En este contexto, nuestro enfoque de RSU cobra importancia, pues promueve la discusión crítica sobre el rol de la universidad para fomentar la adhesión crítica y práctica de la ciudadanía en favor de principios ‘ético-políticos’ fundamentales, que: i) posibiliten una convivencia que orientada al reconocimiento público de diversas subjetividades (políticas, religiosas, étnicas, de género, etc.); ii) permitan confrontar la represión y restricción pública de ideas, posturas, cosmovisiones e identidades divergentes de las socialmente hegemónicas (Gibson, 1996 y 2006; Carrión et.al, 2014), y; iii) garanticen el ejercicio de poder público de todas y todos para, como destaca Mouffe (1999), “multiplicar los espacios en los que las relaciones de poder estén abiertos a la contestación democrática”.

Por tanto, la RSU promueve que la universidad se cuestione, por un lado, sobre cómo, y en qué medida, estructuras materiales y simbólicas que inciden en la reproducción de brechas, inequidades e injusticias, podrían permear su cotidianeidad institucional. Por otro lado, con respecto al despliegue de sus quehaceres institucionales (formación, investigación y relación con el entorno), y el tipo de convivencia que como comunidad académica y humana reproduce.

Así, la RSU se orientaría a interpelar a la universidad como actor social con poder público y potencial para la transformación social, a partir de su compromiso institucional con el fomento y consolidación de prácticas de colaboración y formas de relación y reconocimiento (tanto al interior de la universidad como en su relación con actores sociales externos), orientadas al fortalecimiento de un ethos colectivo favorable a la expansión del acceso y ejercicio efectivo de derechos, libertades, poder y dignidad de todos y todas en la esfera de lo público, aspectos fundamentales del ejercicio de la identidad ciudadana en democracia.

*Columna de opinión publicada en el PuntoEdu N° 469.

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