Voces RSU | La búsqueda de justicia desde la experiencia de tres mujeres defensoras de los derechos humanos

José Saldaña Cuba
Abogado especialista en temas de derecho constitucional, docente del Departamento de Derecho (PUCP) y activista por los Derechos Humanos

 En los últimos años —y en el marco de una investigación sobre criminalización de protestas sociales contra industrias extractivas— he tenido la suerte de conocer líderes y lideresas indígenas de distintas partes del Perú. Cuando estuve en Bagua (Amazonas) siguiendo el juicio por la muerte de policías en la Curva del Diablo, comprendí la profunda distancia que separa a la justicia del Estado peruano de la cultura awajún-wampis. En Espinar (Cusco) entendí que las leyes ambientales pueden ser violadas impunemente siempre que una gran empresa minera resulte beneficiada a costa de la salud de la población k’ana.

Pero hasta ahora nunca me hice la pregunta específica por las mujeres que están en el centro de estas resistencias territoriales. La violencia contra las mujeres indígenas está presente durante la ejecución de importantes proyectos de desarrollo, inversión y extracción, pero al mismo tiempo no pueden ser consideradas únicamente como víctimas porque “hacen contribuciones únicas y juegan un papel fundamental en sus familias, sus comunidades, sus países, así como en el ámbito internacional en defensa de sus derechos” (CIDH, 2017, p. 14). Motivado por la campaña “La PUCP actúa contra la violencia” que impulsa la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), vuelvo sobre mis apuntes y grabaciones para recordar a tres mujeres valientes que he conocido en esta ruta de muchos aprendizajes.

Melchora Surco es una mujer de la zona de Pacpacco en Espinar. Se considera una defensora del medio ambiente y coordina constantemente con organizaciones de derechos humanos para denunciar las violaciones de derechos que padecen sus familiares y los comuneros de la zona. Ha ido a Washington a decirle personalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todas las comunidades que viven alrededor de la mina han sido diagnosticadas con enfermedades asociadas a la presencia excesiva de minerales en sus cuerpos.

Dina Ananco Ahuananchi es una joven indígena awajún-wampis, poeta, estudió literatura en San Marcos y fue la intérprete wampis en el juicio “Curva del Diablo” seguido contra 53 acusados por los hechos del Baguazo. Supo constituirse en una intermediaria entre la justicia del Estado y los indígenas procesados, superando el hecho de que prácticamente no existan antecedentes de interpretación y traducción jurídica entre el español y el wampis. Interrogada por su postura sobre el juicio, nos contó lo difícil que resultaba cumplir un supuesto papel neutral sintiéndose ella wampis, reconociendo la injusticia que se cometía en contra de sus hermanos. Nos dejó una lección para la justicia en el Perú.

Y Maricarmen Gómez, mujer religiosa, co-autora del informe en minoría sobre los sucesos del 5 de junio de 2009, conocido como el Baguazo. Ha vivido y trabajado durante décadas en la zona y se apersonó en el mismo lugar donde se produjeron los hechos violentos a las pocas horas. Dedicó meses de trabajo infatigable al esclarecimiento de ese día trágico y, aunque su informe no fue aprobado por la mayoría de la comisión, ella guarda la esperanza de que la verdad se va a abrir paso. En sus propios términos, “alguna vez, así como el informe de Uchuraccay en los años ochenta, lo van a leer y van a hacer justicia”.

Las historias de Melchora, Diana y Maricarmen nos interpelan de diversas maneras y nos invitan a acercarnos a estas realidades desde un enfoque interseccional. La investigación y la enseñanza universitaria deben partir desde la empatía con las historias personales de la gente, desarrollar solidaridad con las violencias que sufren y reconocer los saberes producidos en sus procesos de resistencia. Ojalá la PUCP insista en el esfuerzo por vincular el quehacer científico más riguroso con el compromiso por la transformación social.